Defender las selvas, montañas, bosques y ríos de América Latina nunca había sido tan peligroso.
Seis de los diez países más hostiles para líderes y comunidades que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales, según el informe que el Relator Especial Michel Forst presentó a Naciones Unidas en 2016, están en América Latina.
Por eso, un equipo de 30 periodistas, desarrolladores y foto/videógrafos de siete países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú) nos juntamos para indagar sobre episodios de violencia contra líderes ambientales y sus comunidades. Cinco de estos países están, tristemente, en ese deshonroso listado. Consejo de Redacción de Colombia coordinó este proyecto y trabajó en alianza con periodistas de diversos medios de América Latina como Convoca.pe (Perú), InfoAmazonía (Brasil), GK (Ecuador), Mexicanos contra la Corrupción (México), El Deber (Bolivia) y el Ocote (Guatemala).
El resultado de este proyecto investigativo, transfronterizo y colaborativo, en el que trabajamos durante cinco meses son 16 reportajes en profundidad y una base de datos que documenta 1.357 ataques en los últimos diez años (2009-2018).
Si bien no pretendemos tener un retrato completo de los ataques ocurridos durante ese período, nuestra base de datos - construida a partir de diversas fuentes, entre entidades oficiales, archivos de prensa, organizaciones sociales y reportería en terreno - muestra un panorama desolador.
En nuestra investigación encontramos más de mil ataques contra hombres y mujeres y 177 contra comunidades u organizaciones que defienden el medio ambiente y el territorio. El 81,6% se concentra en hombres, quizás porque son quienes tradicionalmente han ejercido posiciones de liderazgo comunitario, aunque también encontramos 216 ataques contra mujeres - incluidos los que leerán en las historias sobre Saweto en Perú y Patricia Gualinga en Ecuador.
Desde asesinatos y atentados hasta acoso judicial y desplazamiento forzado, han pagado un precio muy alto por defender su derecho a un ambiente sano y proteger los ecosistemas estratégicos dentro de sus territorios.
El blanco de un muy alarmante 56% de esos episodios de violencia (un total de 761 registros) pertenecen a alguna minoría étnica, demostrando que los territorios indígenas y de afrodescendientes son especialmente vulnerables a estos intereses criminales.
De hecho, nueve de nuestros reportajes documentan ataques y afectaciones contra comunidades indígenas que buscan salvaguardar sus tierras ancestrales - los rarámuri y ódami en México, los shuar y kichwa en Ecuador, los zenú y nutabe en Colombia, los karipuna y uru-eu-wau-wau en Brasil, los moxeños trinitarios y torewa en Bolivia o los asháninka y tikuna en Perú. Hay esfuerzos similares por parte de pueblos afrodescendientes en el Pacífico colombiano.
Asimismo, comprobamos que un porcentaje significativo de los ataques ha ocurrido en las vastas regiones de selva que albergan parte importante de la riqueza natural que ha convertido a América Latina en la región más biodiversa del mundo.
Exactamente la mitad de nuestros reportajes investigan violencia contra líderes, comunidades y guardaparques en la Amazonía, que se han enfrentado a todo tipo de intereses tanto legales como ilícitos - desde explotación petrolera, minería de cobre, puertos, hidroeléctricas y carreteras hasta narcotráfico, comercio ilegal de madera y robo de tierras.
La información más difícil de establecer fue el estado de los casos en la justicia. Solamente encontramos datos concluyentes de sentencias (sin importar si eran condenatorias o absolutorias) en 50 casos (o 3,68% del total), mostrando que la administración de justicia registra una de las mayores deudas en los ataques contra líderes ambientales. En buena parte de estos casos esas sentencias cobijaban a los autores materiales, no a los intelectuales, como sucedió con la reciente sentencia en México por el asesinato de Isidro Baldenegro, ganador del Premio Ambiental Goldman en 2005.
Igualmente alarmante fue haber encontrado información de que, al menos en 546 casos (o 40.23% del total), hubo denuncias por parte de las víctimas y sus comunidades frente a las autoridades, desde instituciones estatales hasta instancias internacionales como la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si bien la nuestra no es una medición científica sino periodística, los dos años en que encontramos mayor número de episodios de violencia fueron 2017 (con 14.8% de los casos) y 2016 (con 12.6% de estos), evidenciando la gravedad de la situación hoy.
Estos defensores protegen la tierra que les da vida a ellos, pero también las montañas que nos proveen de agua y los bosques que nos traen aire limpio a las ciudades. Están siendo amenazados y asesinados. Cada uno de ellos es más que un número. Estas son sus historias de vida, de lucha, de resistencia.
